Hace dos años Pedro Barrientos, ex teniente chileno que tuvo activa participación en los crímenes del Estadio de Chile durante el golpe del 11 de septiembre, fue condenado por secuestro y asesinato en el caso del cantautor chileno Víctor Jara. La impunidad le había regalado a este asesino nacionalidad norteamericana y una próspera vida empresarial, hasta que un juez federal de Orlando lo sentenció a prisión y al pago de una indemnización a la familia, dejándolo ad portas de su extradición a Chile. 

El pasado martes 3 de julio se terminó de cerrar el círculo de la justicia para Víctor Jara y Litre Quiroga, funcionario del gobierno de Allende, asesinados el mismo día y por los mismos verdugos. Con una sentencia de 342 páginas la Justicia chilena condenó a 9 ex oficiales del Ejército chileno en un fallo trascendental. Luego de Barrientos, irán a la cárcel los asesinos que faltaban: Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vásquez, 15 años y un día, en su calidad de autores de los homicidios. Además, se los sentenció a 3 años de presidio por el delito de secuestro simple de ambas víctimas. Por otra parte, el oficial (r) Rolando Melo deberá permanecer 5 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y 61 días como encubridor de los secuestros.

Las autoridades judiciales chilenas a partir de las investigaciones expresaron que los crímenes “fueron decididos por las autoridades administrativas sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento”.

Barrientos, quien se jactaba de haber matado a Víctor Jara, espera por su extradición y deberá pagar 28 millones de dólares a Joan Jara y sus hijas, quienes se acogieron al Acta de Protección a las Víctimas de Tortura, un estatuto estadounidense que permite la interposición de demandas civiles en Estados Unidos en contra de ex funcionarios que hayan cometido actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales en el extranjero.

En estos juicios han sido claves los conscriptos que guardaron silencio por décadas. Ya sea por miedo, desidia o espíritu de cuerpo, el silencio de los soldados al mando de estos oficiales les garantizó total impunidad, hasta que poco a poco empezaron a hablar y confesar todo lo que pasó esos terribles días de septiembre de 1973. Sobre todo, el testimonio del soldado José Paredes, quien se deterioró psicológicamente durante estos años carcomido por la culpa. En esa época tenía 18 años y que decidió declarar. Es el soldado Paredes (encausado también como coautor del crimen) quien vio ingresar a Jara al estadio el 12 de septiembre. También señaló a Barrientos como el jefe del cruel “interrogatorio” y directo asesino del trovador.

Después de 45 años de larga espera, la familia de Víctor Jara, su esposa Joan y sus dos hijas reciben justicia y reparación. Chile, América y el mundo son testigos del viejo adagio, “la justicia tarda, pero llega”, sin embargo, aunque este caso es emblemático, hay muchos casos irresueltos todavía.

Ninguna reparación trae de regreso a los seres queridos que fueron arrancados de sus familias. Pero la sociedad, por lo menos, puede iniciar un proceso de aprendizaje y perdón para sanar heridas, para obtener justicia. Y eso se logra recuperando la memoria y castigando los crímenes, no destruyéndola con parques temáticos que ofendan a las víctimas.

En el Perú, retrocedemos cada vez más en materia de derechos humanos, si Víctor Jara hubiera sido peruano, en este momento su familia estaría siendo terruqueada. En ese sentido, las cortes chilenas sientan un buen precedente para la justicia en el continente. No olvidemos que fue una corte chilena la que nos devolvió al ex dictador y corrupto Alberto Fujimori esposado y listo para su juicio.

45 años de impunidad se terminaron, los culpables a prisión y aunque le arrebataron el derecho de vivir en paz, como cantara Víctor, ahora sí, descansa en paz.

FUENTE: diariouno.pe