No se necesita de un suceso espectacular como un golpe de Estado para instalar un régimen dictatorial, un panóptico represor y policíaco o algo similar. Durante estos 15 años de democracia pos noventas, vivimos un proceso de re-colonización en el que poco a poco el Estado Peruano ha dejado de existir, ha dejado de tener soberanía sobre sus propios territorios y es incapaz de velar por la seguridad y por la vida de sus propios ciudadanos, somos indeseables inquilinos en nuestra propia casa. La república ha muerto.

Lo que hemos vivido y aún tenemos es un proceso paulatino de des-democratización y pérdida de soberanía, sostenido y consagrado por una legislación irracional y anti peruana dada por un Congreso y un Ejecutivo secuestrados por la corrupción. La “normalización” y ocultamiento de esta realidad es responsabilidad directa de los monopolios mediáticos coludidos con los actores anti democráticos que impulsan esta nueva colonización del Perú.

No nos engañemos, Fujimori y sus secuaces sólo fueron la punta del iceberg, los verdaderos poderes que estaban detrás de ese proyecto nunca fueron removidos y lejos de hibernar, actuaron rápidamente para asegurarse que el modelo económico que se impuso durante la cleptocracia fujimorista continuara a toda costa. Este modelo que ha alentado la des-democratización y un proceso de corrupción sin parangón en nuestra historia es también violador de derechos humanos a todo nivel. Pero ¿quiénes llevan a cabo este macabro proceso? Los grupos de poder, los llamados poderes fácticos que urge identificar con nombre propio. Todos son poderes empresariales extranjeros a quienes benefician directamente los TLCs, las concesiones, los “candados económicos” y a quienes tanto les teme el gobierno. Son esos conglomerados económicos los que tienden a aglutinar, fagocitar o desplazar a los grupos de poder peruanos, subordinados casi todos a esos poderes extranjeros.

Dos son los grupos de poder más peligrosos para la democracia peruana: la megaminería y el narcotráfico. No sólo han penetrado en las estructuras del Estado, también se están apoderando del sector privado desplazando al empresariado no corrupto e imponiendo y empoderando al lumpen-empresariado. Estos dos poderes fácticos han generado industrias del delito colaterales cuyos tentáculos llegan hasta las altas esferas de la política nacional. Y entre las fauces de estas dos fieras se despedaza nuestro país.

A parte del evidente daño ambiental que han producido las empresas mineras en el Perú, muy documentadas ya a estas alturas, han generado además una red delictiva que arrastra al Estado y al sector privado. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que permite la existencia de grandes monopolios estando éstos prohibidos. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación se agrupan en un par de monopolios y oligopolios que están al servicio de la causa minera, la promueven, la defienden y ocultan o minimizan sus delitos. Actúan de voceros y de caja de resonancia de la megaminería y se prestan a las campañas de desprestigio y criminalización de sus opositores. ¿Qué intereses económicos ligan a los grupos mineros con los monopolios mediáticos? Sigan el rastro del dinero…

Todas las muertes por conflictos socioambientales están impunes, y no son solamente las contabilizadas en contextos de movilización, en donde los asesinos han sido policías, sino hay que nombrar también los asesinatos selectivos a través de sicarios. La megaminería –sin confirmar, como diría Magaly Medina - ha usado el sicariato como forma de amedrentamiento, ataque y hasta asesinato de dirigentes sociales que se oponen a ser desplazados de sus tierras. Nada de esto ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público. Sabemos además que contratan y promueven “empresas de seguridad” expertas en hacer inteligencia ilegal (chuponeos, seguimientos, investigaciones, etc) justamente a periodistas, políticos, dirigentes y cualquier persona que se oponga a sus proyectos.

Finalmente, y lo más triste como peruanos, es que la megaminería a punta de dinero ha logrado corromper tres gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo, tres gobiernos que prometieron luchar contra la corrupción y se aliaron a ella. Tres presidentes tránsfugas es el saldo ¿Por qué, qué se cocina allá arriba? La real politik no la hacen, como piensan algunos ingenuos, los políticos, la real politik la hacen los señores de la mina. Ellos dictan que va y que cosa no va, lo único que hasta ahora ha impedido que nos pasen por encima son las luchas organizadas de la gente.

Vemos en los ministerios como el de Energía y Minas, aunque no es el único, a ex gerentes y operadores de las empresas transnacionales, vemos en las zonas de conflicto que la Fiscalía funciona dentro de las instalaciones de la minera, vemos a la policía actuar como su guardia privada, vemos a los procuradores y jueces guardar silencio ante los delitos de la minería y las empresas extractivas. La corrupción de funcionarios del Estado es un modus operandi de estas empresas, y es muy triste saber que poco a poco nos vamos quedando sin país, que no poseemos nada en este país.

El narcotráfico es el otro flagelo de nuestro país, y en este caso igual que en la minería, debemos lamentar la maldición de tener los recursos naturales que otros quisieran.

Llevamos décadas de “apoyo norteamericano” para erradicar el narcotráfico y sin embargo somos el primer país productor de cocaína. Más allá de perseguir y hostigar a los campesinos cocaleros o echarle la culpa a un grupete de senderistas escondidos en la selva ¿No sería bueno investigar las cuentas bancarias de la retahíla de generales y oficiales que debieron erradicar la droga hace tiempo? De nada ha servido instaurar un perpetuo “estado de emergencia” en esos territorios afectando duramente la vida de los ciudadanos, de nada han servido los bombardeos ni los rockets, de nada ha servido exponer a algunos policías como carne de cañón… Poco a poco, como ocurrió con el terror senderista, el terror va desplazándose del VRAEM hacia Lima.

Kenyi Fujimori, José León, Heriberto Benitez y otros 10 congresistas más tienen evidencias claras para investigarlos por lavado de activos o narcotráfico, muchos han sido exculpados por la Comisión de “Ética” del Congreso. El APRA con los narcoindultos y el fujimorismo están hasta el cuello con el tema del narcotráfico, pero no son los únicos. Ya es notorio que la red del narcotráfico y el lavado de activos estuvo y está en los gobiernos regionales, en la Fiscalía, en la policía, en el poder judicial. Parece que las dos redes más grandes (la del caso Orellana y la de Álvarez) también estarían vinculadas en una gran red de lavado de dinero proveniente del narco. En éstas elecciones le daremos cínicamente la bienvenida a la narcopolítica.

Desde mediados del 2014 empezaron a ejecutar personas en lugares públicos, “ajustes de cuentas” por doquier y a cualquier hora del día. Nunca se resolvieron los crímenes, más bien abundaban las noticias de la aparición de muchos “serivices de sicarios” que se ofertaban hasta por facebook y bandas criminales por montones con armamento pesado, más tarde se fueron encontrando arsenales de guerra en hostales y departamentos de todo Lima y cada incautación conllevaba un tiroteo, un muerto o dos, alguno de esos muertos, infelizmente sólo pasaba por ahí. ¿Por qué aparecían tantas armas y granadas y para qué? ¿Quién se está armando hasta los dientes? Tal parece que lo que hemos visto hasta ahora, son pequeñas escaramuzas ¿Qué preludian estas acciones?

El caso de Gerald Oropeza y sus autos de lujo, su fortuna inexplicable y sus mediáticamente silenciados vínculos con el APRA, dos asesinatos con sicarios, un guiño farandulesco que no podía faltar y una mujer inocente tiroteada ¿Creen que ya terminó esta historia? No, la verdad es que sigue, acaban de aparecer dos cuerpos descuartizados y echados a la vía pública ¿resucitó Jack el destripador? ¿No es acaso el modus operandi de muchos cárteles mexicanos para escarmentar a sus rivales? Nadie quiere hacer el enlace y sacar conclusiones. El Perú está por estrenarse como escenario de guerra entre cárteles de la droga extranjeros. Se luchará por el control de la producción de cocaína y por quién se asocia con el principal cartel en nuestro pais para su libre exportación, ese cartel peruano es el que está parasitando hace años dentro de las FFAA y la policía.

Mientras tanto ¿En quiénes se enfocan las fuerzas del (nuevo) orden? En la ciudadanía que ejerce, justamente su ciudadanía. Las fuerzas policiales y armadas son usadas contra el pueblo que lucha. Y es que somos impotentes testigos de cómo se colonizan territorios en nuestro propio país: San Juan de Lurigancho hasta Conga, desde El Callao hasta Islay, vamos perdiendo control y soberanía sobre el territorio, nos estamos quedando cada vez más, sin patria.

A través de resoluciones supremas o decretos de urgencia se han militarizado los territorios en disputa. Todas esas muertes a balazos sabemos que quedarán impunes porque hay una legislación que ampara el crimen. Es una disputa por los territorios y los recursos que albergan, una disputa entre los pueblos que los poseen y las transnacionales. Las fuerzas armadas y policiales actúan como ejército de ocupación y los medios como aparato de propaganda en tiempos de guerra. La primera víctima en una guerra es la verdad, y la verdad es que el gobierno neoliberal de Humala-Heredia le ha declarado la guerra al Perú.